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Las reglas sobre el fin de la legislatura parecen claras, pero el ordenamiento jurídico español alberga un vacío alarmante frente a un presidente dispuesto a rebasar los límites institucionales.
Las últimas elecciones generales en España se celebraron el 23 de julio de 2023. A partir de esa fecha, el mandato constitucional queda fijado de forma inequívoca. Conforme al artículo 68.4 de la Constitución Española, el Congreso de los Diputados es elegido por un periodo de cuatro años y el mandato de los parlamentarios concluye exactamente cuatro años después o el día en que se firmen las resoluciones de disolución anticipada.
En consecuencia, si Pedro Sánchez no disuelve antes las Cortes Generales, el mandato de la actual Cámara terminará el 23 de julio de 2027. Hasta este punto, la técnica jurídica no plantea dudas. Sin embargo, ¿qué sucede si el presidente del Gobierno decide agotar la legislatura pero posterga indefinidamente la firma del decreto?
El calendario electoral ordinario según la LOREG
El artículo 42.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) dictamina que, en caso de agotamiento natural de la legislatura, el decreto de convocatoria de elecciones debe expedirse veinticinco días antes de que expire el mandato de las Cámaras y publicarse al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Atendiendo a este marco legal, el cronograma estricto para el año 2027 requeriría los siguientes pasos:
- 28 de junio de 2027: Expedición obligatoria del decreto de convocatoria.
- 29 de junio de 2027: Publicación oficial en el BOE.
- 22 de agosto de 2027: Celebración de las elecciones generales según los plazos legales.
Este es el funcionamiento ordinario y garantista previsto por el constituyente. Pero, ¿qué ocurre si el 28 de junio de 2027 el presidente del Gobierno decide no firmar ni expedir dicho decreto?
La laguna del sistema: La ausencia de un mecanismo sustitutivo
En este escenario se destapa el auténtico punto ciego de nuestro sistema constitucional. La Carta Magna de 1978 no contempla un mecanismo de ejecución subsidiaria ni una activación automática mediante la cual otro órgano del Estado pueda sustituir la inactividad de la Jefatura del Gobierno.
Llegado ese día sin decreto de convocatoria:
- El Rey no ostenta la facultad de convocar comicios de forma unilateral.
- La Junta Electoral Central (JEC) carece de competencias ejecutivas para suplir la firma presidencial.
- Ni el Congreso, ni el Senado, ni el Tribunal Constitucional disponen de un resorte legal explícito para activar de oficio las urnas.
El precedente presupuestario: El incumplimiento sin sanción
Aunque atañe a una materia distinta, existe un precedente institucional sumamente inquietante: la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El artículo 134.3 de la Constitución impone taxativamente que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos (…) al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es un mandato imperativo, no potestativo.
Sin embargo, la práctica política ha demostrado que un Ejecutivo puede omitir deliberadamente esta obligación legal sin sufrir ninguna consecuencia institucional directa que lo fuerce a presentar el proyecto. Para normalizar la inacción se ha recurrido al uso abusivo de las prórrogas presupuestarias (art. 134.4 CE), desnaturalizando el diseño constitucional ideado en la Transición.
Mandato caducado y Gobierno en funciones: Una paradoja peligrosa
Frente al riesgo de una falta de convocatoria electoral, conviene diferenciar la situación de las dos instituciones clave del Estado:
- El Poder Legislativo: En este punto la norma sí es tajante. Aún sin decreto de convocatoria, el mandato de los diputados y senadores expira irremisiblemente el 23 de julio de 2027. A partir de esa fecha, las Cortes quedan disueltas y asumen la representación institucional las Diputaciones Permanentes.
- El Poder Ejecutivo: Es aquí donde estalla la paradoja jurídica. El artículo 101 de la Constitución estipula formalmente que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria (moción de censura o cuestión de confianza), o por dimisión o fallecimiento del presidente. La simple caducidad del mandato del Congreso no figura entre las causas formales de cese.
Se abriría así un escenario insólito e inexplorado: unas Cortes caducadas administradas bajo el formato bajo mínimos de las Diputaciones Permanentes y, simultáneamente, un Ejecutivo atrincherado en la Moncloa cuya salida no puede formalizarse al no haberse celebrado elecciones.
¿Uso de eventos excepcionales para dilatar la democracia?
Un análisis pragmático de la dinámica política sugiere que Pedro Sánchez conoce a la perfección esta vulnerabilidad del texto constitucional. De anticipar un escenario electoral severamente adverso en junio de 2027, el Ejecutivo podría verse tentado a invocar una situación de grave alteración o crisis para justificar el aplazamiento de las urnas.
Cualquier acontecimiento extraordinario —una crisis diplomática severa, una amenaza a la seguridad nacional, un atentado o una emergencia sanitaria— podría instrumentalizarse mediáticamente para sostener que el contexto resulta «incompatible con un proceso electoral ordinario».
Desde el punto de vista estrictamente legal, una situación excepcional no otorga cobertura para prorrogar indefinidamente la legislatura. El problema no es normativo, sino procedimental: ¿qué ocurre si quien tiene la obligación legal de apretar el botón electoral se niega a hacerlo? La Constitución de 1978 se redactó bajo el principio implícito de la buena fe institucional, asumiendo que los actores políticos cumplirían los mandatos indiscutibles del ordenamiento jurídico.
Tensión geopolítica y hechos consumados
Los recientes acontecimientos en las fronteras de Ceuta reafirman cómo los eventos extraordinarios pueden sobrevenir o ser utilizados tácticamente en el tablero político. Episodios imprevisibles —como los giros en la política exterior con Argelia y Marruecos tras gestiones relámpago del presidente— suscitan interrogantes sobre si asistimos a meras casualidades geopolíticas o al ensayo previo de dinámicas de excepción orientadas a perpetuar el control del poder.
El vaciado de las garantías constitucionales no siempre requiere romper formalmente la ley; a menudo basta con explotar sus lagunas, forzar las omisiones administrativas y confiar en la incapacidad del resto de las instituciones para reaccionar a tiempo.