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A finales de julio de 2026, la entrada masiva de 80.000 personas en Ceuta evidenció un colapso inasumible en la defensa de las fronteras españolas. La tesis del incidente fortuito o de autoría ajena carece de solidez: resulta insostenible sostener que un aparato de seguridad tan omnipresente como el alauita ignorara un despliegue de tal magnitud. Todo apunta a una maniobra militar cuidadosamente planificada por Rabat, ante la cual el Gobierno de España optó por una pasividad escandalosa, ignorando las explícitas advertencias de sus propios servicios de inteligencia. Que la respuesta del Ejecutivo a este atropello diplomático y territorial fuera la marcha de vacaciones de su presidente resulta sencillamente intolerable.
Mientras España demuestra esta debilidad en el norte de África, Marruecos consolida su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. El anuncio de la creación del centro militar AMTEC en Tan-Tan —a escasos 240 kilómetros de Lanzarote y La Graciosa— y la inmediata prueba de un misil de crucero de largo alcance revelan un inquietante rearme a las puertas de Canarias. Esta maniobra proyecta una clara sombra de amenaza a medio y largo plazo sobre la soberanía del Archipiélago, agravada por la desidia y la falta de visión geopolítica del Gobierno central.
En el ámbito del Derecho Internacional del Mar, el panorama es de permanente sumisión. Se difunden noticias sobre la cesión de facto de la plataforma continental y de recursos estratégicos de alcance global como el Monte Tropic —rico en telurio—, sin que exista una firme contención diplomática. Aunque la delimitación de los espacios marinos exige aplicar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) mediante líneas de base claras, Marruecos actúa al margen de la legalidad internacional. Ocupa manu militari el Sáhara Occidental y pretende proyectar unilateralmente sus aguas desde dicho territorio no autónomo. En lugar de ejercer con firmeza la condición de España como potencia administradora de iure para salvaguardar las aguas canarias y las del territorio saharaui, la política exterior del Reino de España se limita a replegarse.
Esta inacción oficial facilita escenarios de riesgo a futuro donde la presión demográfica e institucional pudiera instrumentalizarse para forzar pretensiones soberanistas. Si bien Rabat niega formalmente reclamar el Archipiélago, el expansionismo marroquí se nutre directamente de la debilidad española. Ante este alarmante escenario de vulnerabilidad territorial e indefensión jurídica, resulta imprescindible que la sociedad tome conciencia de la gravedad de la situación.