Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 53 segundos
España se enfrenta a una encrucijada histórica. La inacción institucional, el fraude de ley generalizado y la quiebra del control en nuestras fronteras exigen una respuesta firme de la sociedad civil. A continuación, desglosamos los argumentos jurídicos, geopolíticos y de seguridad que hacen de la movilización del 2 de septiembre un imperativo en defensa de nuestra patria.
I. Tipificación delictiva e infracción del ordenamiento penal por la inacción del Gobierno
- Favorecimiento de la inmigración ilegal (Art. 318 bis CP): La presunta omisión sistemática del Ejecutivo al permitir y facilitar la entrada masiva e irregular de invasores en Ceuta incurre en conductas subsumibles en los tipos penales contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
- Prevaricación administrativa dolosa (Art. 404 CP): Exigencia de responsabilidades penales ante resoluciones e instrucciones injustas y arbitrarias que impiden la aplicación de la Ley de Extranjería y la protección fronteriza.
- Dejación delictiva de funciones (Art. 408 CP): Censura de la inactividad deliberada de las autoridades que ordenan la inacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante asaltos a la integridad territorial.
- Vulneración de deberes contra la Administración (Título XXIII CP): Exigencia de enjuiciamiento a los responsables políticos por socavar la legalidad y la soberanía nacional ante presiones e injerencias externas.
- Falsedad documental (Art. 390 CP): Exigencia de investigación penal a autoridades y funcionarios que expidan documentación oficial validando permisos o nacionalidades en fraude de ley.
- Complicidad en alta traición: Denuncia de la connivencia institucional que tolera la cesión de facto de la soberanía de Ceuta, vulnerando el mandato constitucional de protección de la patria.
II. Invasión de Ceuta, guerra híbrida y quiebra de la seguridad pública
- Colapso fronterizo por 80.000 entradas masivas: Rechazo firme al desbordamiento territorial en Ceuta, representando la mayor quiebra de integridad en un siglo.
- Inversión del relato oficial: Condena a la estrategia que victimiza al invasor y criminaliza o abandona al pueblo ceutí.
- Redes externas y ONG No Name Kitchen: Denuncia de la logística subversiva prestada por entidades vinculadas a la órbita de George y Alexander Soros (Open Society Foundations) y otras tantas.
- Suministro de precursores incendiarios: Compra masiva de productos químicos (sal de salfumán y aluminio) para la confección de artefactos explosivos artesanales dirigidos contra las fuerzas del orden.
- Soporte tecnológico y de comunicaciones: Repudio a la entrega por parte de la ONG alemana Mission Lifeline de dispositivos y soporte logístico a irregulares para desestabilizar el orden público.
- Connivencia del narcotráfico local: Cobertura prestada por redes del crimen organizado local para ocultar irregulares en inmuebles y garajes a cambio de compensaciones económicas.
- Infiltración de inteligencia y fuerzas armadas marroquíes: Presencia de agentes de paisano coordinando la desestabilización interna desde dentro.
- Ingreso de elementos radicalizados y delincuentes: Entrada incontrolada de sujetos con antecedentes en origen y vínculos con redes subversivas norteafricanas.
- Delitos contra la seguridad del Estado (Art. 544 CP): Exigencia de persecución judicial para organizaciones que incitan a la violencia y al colapso defensivo.
III. Legitimidad soberana, fraude de ley en la nacionalidad y obediencia regia
- Inaplicación del Código de Nacionalidad Marroquí (Art. 19): La renuncia jurada a la nacionalidad marroquí es nula en España sin un decreto del gobierno alauita, invalidando el proceso legal.
- Fraude de ley en cartas de naturaleza y DNI/NIE: Exigencia de anulación masiva de trámites concedidos a nacionales marroquíes por la imposibilidad legal de renuncia a su origen (Art. 12 Código Civil).
- Obediencia perpetua al Rey de Marruecos: Incompatibilidad de lealtad a la Constitución Española al mantener la vinculación con el Amir al-Mu’minin marroquí.
- Riesgo de quinta columna: Advertencia sobre la lealtad prioritaria de nacionalizados en fraude de ley hacia las pretensiones geopolíticas de Rabat.
- Instrumentalización demográfica: Denuncia del uso de contingentes de súbditos como medida de presión y chantaje permanente contra España.
- Soberanía histórica indiscutible: Reafirmación del carácter español irrenunciable de Ceuta (desde 1580) y Melilla (desde 1497).
- Rechazo a pretensiones territoriales: Oposición absoluta a la agenda expansionista de la diplomacia de Rabat.
IV. Indefensión del frente atlántico, plataforma continental y Canarias
- Rearme alauita frente a Canarias: Denuncia ante la pasividad gubernamental por el centro militar AMTEC en Tan-Tan y maniobras con misiles a poca distancia de Lanzarote y La Graciosa.
- Defensa del Monte Tropic: Preservación de los recursos estratégicos de telurio y tierras raras en las aguas canarias.
- Delimitación marítima ilegal del Sáhara Occidental: Exigencia de actuación de España como potencia administradora de iure para frenar la apropiación de espacios marítimos por la potencia ocupante.
- Protección del espacio aéreo e insular: Control estricto y despliegue permanente defensivo en la fachada atlántica.
- Prevención de maniobras censales: Frenar intentos de alteración de padrones o manipulación en el Archipiélago Canario.
V. Exigencia de responsabilidades y quiebra de la diplomacia de apaciguamiento
- Cese de funciones del Ejecutivo: Parálisis de la Presidencia del Gobierno e inicio de vacaciones en plena crisis invasiva.
- Omisión de informes del CNI: Falta de actuación preventiva ante las alertas sobre el asalto planificado emitidas por los servicios de inteligencia.
- Chantaje y espionaje (Caso Pegasus): Exigencia del fin de subordinaciones exteriores derivadas de espionaje o presiones diplomáticas.
- Ruptura del apaciguamiento: Fin de concesiones unilaterales frente a un vecino que instrumentaliza la inmigración.
- Indefensión de los ciudadanos de Ceuta y Melilla: Responsabilidades políticas ante el abandono social, físico y económico de las ciudades autónomas.
- Tibieza comunitaria (UE): Reproche a la financiación europea de redes que socavan la integridad fronteriza española.
VI. Imperativo constitucional: Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad
- Misión constitucional de las FAS (Art. 8.1 CE): Exigencia del mandato que encomienda al Ejército garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial.
- Garantía de seguridad (Art. 104 CE): Amparo y actuación libre de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ceuta.
- Inexistencia de obediencia debida a órdenes ilícitas: Recordatorio a los mandos de que la lealtad no ampara órdenes que supongan la entrega del territorio o la comisión de delitos contra la patria.
- Dotación de recursos defensivos: Protesta contra la falta de medios materiales y la indefensión jurídica del despliegue en el norte de África.
- Responsabilidad penal directiva: Advertencia sobre las consecuencias penales para mandos que ejecuten instrucciones contrarias a la defensa constitucional.
VII. Movilización popular, dignidad nacional y futuro de Ceuta
- Soberanía popular en las calles: Movilización civil para suplir el vacío de liderazgo de las instituciones estatales.
- Unidad por encima de siglas: Superación del partidismo por la causa común de la patria.
- Firmeza ante la comunidad internacional: Transmitir que España no tolerará agresiones ni concesiones a su territorio.
- Defensa de la dignidad histórica: Demostrar el 2 de septiembre el rechazo tajante a la entrega silenciosa de nuestras fronteras.
- Protección del futuro joven en Ceuta: Detener el éxodo juvenil forzado por el colapso de la seguridad y la economía.
- Plan de reconstrucción y exención fiscal: Reclamación de ayudas directas, exenciones impositivas y planes especiales de inversión para Ceuta.
VIII. Programa de medidas urgentes de actuación nacional
- Militarización y cierre fronterizo total: Despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras de Ceuta y Melilla con reglas de empeñamiento coercitivas.
- Suspensión de relaciones y tratados: Ruptura diplomática transitoria con Marruecos, cierre de embajadas, suspensión de tratados bilaterales de todo tipo, y multilaterales en los que sea parte Marruecos.
- Corte de ayudas y subvenciones: Extinción inmediata de partidas destinadas a la administración alauita, a sus nacionales y a ONG implicadas en el tráfico de personas.
- Expulsiones e internamiento en 48 horas: Devolución express de irregulares.
- Revocación masiva de nacionalidades concedidas en fraude de ley: Anulación de permisos por vulneración del Art. 19 del Código Marroquí y deportación correlativa para todos aquéllos que no desempeñen una actividad empresarial, profesional o laboral, debiéndose conceder un permiso de residencia a los que trabajen.
- Ilegalización de organizaciones subversivas: Investigación, congelación de fondos e ilegalización de ONG y plataformas cómplices de la inmigración ilegal.
¡ACUDE EL 2 DE SEPTIEMBRE!
La defensa de España y de Ceuta nos incumbe a todos. Difunde este manifiesto, comparte las 50 razones en tus redes sociales y suma tu voz por la soberanía y la dignidad de nuestra gran Nación. Somos el hazmerreir del mundo. Marruecos ataca pero Sánchez es su mejor baza porque se comporta como un colaboracionista, como un agente marroquí en el Gbno. que preside, resultando el don Julián del 711, el Sagasta del 1898 y en definitiva, un entreguista.
N.B: Las opiniones vertidas, y particularmente las jurídicas, reflejan la opinión del autor, y salvo mejor criterio jurídico. Las conductas delictivas que pudieran haberse cometido con motivo de la invasión de España a través de Ceuta, han de reputarse presuntas hasta que no medie sentencia firme condenatoria, pero que coño, por sus obras les conoceréis.